Único régimen del sistema de Seguridad Social de naturaleza mixta: agrupa tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia.

Diferentes informes de la OIT estiman que el trabajo marítimo en general, y el pesquero en particular, se encuentran entre las actividades más peligrosas del mundo. Esto es así, básicamente, por la hostilidad del medio en el que se desarrolla (el mar) además de otros factores como las especiales condiciones de los centros de trabajo (buques, artefactos o plataformas), falta de formación, heterogeneidad de tareas que aglutinan a trabajadores por cuenta ajena y propia, peculiares condiciones de tiempo y lugar, dispersión de la población trabajadora o existencia de una especial forma de retribución salarial. Todos estos factores han contribuido a la existencia en España de un Régimen Especial de naturaleza mixta y de una Entidad gestora con personalidad jurídica propia, el Instituto Social de la Marina (ISM) que, desde 1941, es responsable tanto de las obligaciones como de la protección a estos trabajadores.

En nuestro país, el primer antecedente de protección social al colectivo fue la Caja Central de Crédito Marítimo Pesquero, creada en 1919 para la concesión de préstamos a pescadores. Posteriormente nacen la Mutualidad de Accidentes de la Mar en 1929 o el Montepío Marítimo Nacional destinado a la protección del personal al servicio de la marina mercante (1948). La ley de Bases de 1963 prevé el Régimen especial de trabajadores del mar dentro de aquellos que deben ser regulados por ley específica, quedando así incluido en las diferentes leyes de Seguridad Social publicadas hasta la fecha (listado expresamente en el artículo 10 del TRLGSS).

Actualmente, la norma básica del colectivo es la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, que sustituye y moderniza la anterior disposición de 1974, actualizando los colectivos incluidos en su campo de aplicación e incluyendo nuevas actividades como el personal de investigación, observadores de pesca o buceadores profesionales.

 ¿Qué es el sistema especial agrario?

La ley 28/2011, de 22 de septiembre, procedió a la integración del antiguo Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos del 1 de enero de 2012. Actualmente, esta ley se ha integrado en los artículos 286 a 289 del TRLGSS de 2015.

En la práctica, están comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (SEA), quienes realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de estas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios.

Sin embargo, la peculiaridad más importante de este Sistema Especial es que su inclusión en el mismo se produce tanto durante los periodos de actividad por la realización de trabajos efectivos, como durante los periodos de inactividad, que también conllevan la permanencia en alta en el Régimen General. Esto permite la protección de unos trabajadores caracterizados por la temporalidad en sus empleos, a causa de la estacionalidad propia de los cultivos y campañas agrícolas.

Durante estos periodos de inactividad, el responsable exclusivo de la cotización es el propio trabajador y tanto la inclusión como la permanencia en el sistema vendrá determinada por el cumplimiento de una serie obligaciones.

¿Cómo puede quedar incluido un trabajador en el Sistema especial agrario?

Será necesario realizar un mínimo de 30 jornadas reales (de trabajo efectivo) en un periodo continuado de 365 días y formular petición expresa (modelo TA.0161) dentro de los tres meses naturales siguientes al de la realización de la última de dichas jornadas. Este servicio está disponible en la SEDE electrónica de Seguridad Social (SEDESS) Ciudadanos (seg-social.gob.es). El requisito de las 30 jornadas será imprescindible para mantener la permanencia en el sistema especial.

Instrumentos necesarios para una correcta racionalización del sistema.

El artículo 10.5 de la Ley de Seguridad Social establece que, teniendo en cuenta la lógica tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del Sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio competente en materia de Seguridad Social, podrá disponer, siempre que sea posible, la integración en el Régimen General (o cualquier otro régimen) de otros regímenes especiales, a excepción de aquellos que han de regirse por leyes específicas. Deben respetarse las peculiares características de los grupos afectados, buscando la máxima homogeneidad con el Régimen General, evitando así un posible fraccionamiento del sistema. Actualmente, tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos existen antiguos regímenes especiales integrados que no llegaron a constituir un Sistema Especial propiamente dicho (Art.11 TRLGSS).

La fecha más importante en la integración de regímenes especiales es 1987, ya que, si bien en 2007 los trabajadores agrarios por cuenta propia y en 2012 los trabajadores agrarios por cuenta ajena y los empleados del hogar se integraron en RETA y Régimen General respectivamente, estos colectivos se incluyeron constituyendo auténticos Sistemas Especiales (a pesar de las particularidades en acción protectora).

Con efectos del 1 de enero de 1987, y de acuerdo con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 26/1985, de 31 de julio, el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, integraba en el Régimen General a los trabajadores ferroviarios, futbolistas, representantes de comercio, toreros y artistas y en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos los escritores de libros.

Es curioso como la Ley 26/1985 justificaba esta actuación por la necesidad de establecer medidas correctoras para paliar las desviaciones del sistema, al existir desequilibrios financieros producidos por la crisis económica del aquel momento. Los agentes sociales de entonces pedían reformas que garantizaran la viabilidad de la acción protectora y la racionalización de recursos. Llama poderosamente la atención que, 38 años después, el discurso sobre la viabilidad del sistema siga siendo el mismo.

Volviendo al Real Decreto 2621/1986, se articula una integración paulatina, caracterizada por un prolongado periodo transitorio que servirá para acomodar definitivamente a los profesionales afectados en la nueva estructura, respetando ciertas particularidades del régimen anterior como la naturaleza jurídica de la relación profesional. La Orden de 20 de julio de 1987 en materia de afiliación, altas, bajas y cotización y la Orden de 30 de noviembre de 1987 en materia protectora, desarrollan los preceptos contenidos en el Real Decreto.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo, desde su versión inicial, inciden en la necesidad de reducir gradualmente el número de regímenes existentes, de manera que, a largo o medio plazo, todos los trabajadores y empleados queden encuadrados en el régimen de trabajadores por cuenta ajena o en el de trabajadores por cuenta propia (versión del 6 de abril de 1995). Afirmación que se repite en la versión del 2 de octubre de 2003 cuando se apuesta de nuevo por la simplificación y creación de dos grandes regímenes. En la versión del 25 de enero de 2011, ven necesario culminar este proceso de simplificación, equiparando las bases de cotización de los grandes grupos de trabajadores y la convergencia del Régimen General con el de Clases Pasivas, idea que se retoma con fuerza en la versión del 27 de octubre de 2020.

¿Qué particularidades presentan los regímenes integrados en el Régimen General?

Si bien los escritores de libros incluidos en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos no presentan particularidades especiales a destacar más allá de las posibles dudas que puedan existir en materia de encuadramiento, el resto de los colectivos han mantenido algunas de las condiciones especiales del antiguo régimen especial en el que se encontraban incluidos:

Los trabajadores ferroviarios:

La edad de jubilación ordinaria se les reduce mediante la aplicación de coeficientes bonificados que van del 0.15 al 0.10 aplicable a los periodos efectivamente trabajados en estas actividades penosas. Además, los trabajadores ingresados en RENFE antes del 14 de julio de 1967 y en FEVE antes del 19 de diciembre de 1969, se pueden jubilar a partir de los 60 años (edad de jubilación en el mutualismo laboral), con la reducción que proceda.

Los jugadores profesionales de fútbol:

Extracto de mi intervención en la Jornada Derecho Deportivo y Administración Pública, celebrada el 17 de marzo de 2023 en Cáceres. Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. Patrocinada por Sport Making Club Deportivo.

Empezaré este post como me gusta hacerlo cuando hablo de algún colectivo concreto, con un poco de historia…

A pesar de que nuestro país tiene una amplia tradición, la consideración de la práctica deportiva como profesión es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XX este tipo de actividades se desarrollaban en el ámbito privado. Si el deportista no era considerado como trabajador, quedaba fuera de todo tipo de protección social y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad.

Son los jugadores de futbol profesional los verdaderos pioneros en reclamar derechos sociales, teniendo como punto de partida la Sentencia de 25 de junio de 1971 (Asunto Pipi). Esta sentencia desmonta los argumentos que calificaban la práctica del fútbol como no profesional, ocasionando la consideración de la relación laboral de los deportistas profesionales como relación laboral especial en el Estatuto de los trabajadores de 1980. 

Un poco antes, en 1979 (RD 2806/1979) ya se habían convertido en un Régimen Especial de Seguridad Social, con el objetivo de perfeccionar su protección social y la de los familiares a su cargo (hasta la fecha se les había protegido a través de mutualidades privadas). Después, en 1986, los jugadores de futbol quedarían integrados en el Régimen General. El resto de los deportistas profesionales tendrían que esperar hasta el año 2003.

A grandes rasgos podemos distinguir tres grupos de deportistas: Deportistas profesionales; Deportistas de alto nivel y Deportistas amateurs o aficionados, aunque la línea que los separa es especialmente compleja. De todos ellos, sólo un pequeño porcentaje son declarados profesionales o de alto nivel, dedicándose el resto al deporte de manera no profesional.

Llegados a este punto, cabría hacerse varias preguntas:

¿Los deportistas menores de 16 años pueden considerarse trabajadores?

A pesar de que la proliferación de jóvenes talentos en el mundo del deporte es una realidad cada vez más habitual, la normativa española no permite el trabajo asalariado de los niños menores de 16 años (ni siquiera con el permiso de sus progenitores), no pudiendo recibir una retribución salarial a excepción de los gastos de compensación ocasionados por la práctica deportiva. 

¿Qué diferencia existe entre un deportista profesional y un deportista de alto nivel?

El deportista profesional es un trabajador por cuenta ajena incluido en el Régimen General (art.1.2 del RD 1006/1985). Tanto el encuadramiento, cotización y acción protectora son idénticas a las de cualquier trabajador vinculado mediante relación laboral común.

El empresario puede ser un club o entidad deportiva, empresas cuyo objeto social consista en la celebración de espectáculos deportivos o firmas comerciales que desarrollen actividades deportivas puntuales aunque estas no supongan su modelo de negocio principal.

¿A quién se considera artista y dónde se encuadra a efectos de Seguridad Social?

Un poco de historia…

El Decreto 635/1960, de 12 de marzo, estableció el Régimen Especial de la Seguridad de los Artistas con el fin de aplicar a este colectivo los beneficios de protección social obligatoria adaptándose a las peculiares circunstancias labores de su campo de aplicación.

Tiempo después, el Decreto 2133/1975, de 24 de julio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas, indica que quedarán comprendidos en él aquellos trabajadores que realicen en territorio nacional alguna de las actividades detalladas (teatro, circo, variedades, folklore, apuntadores, regidores, avisadores, encargados de sastrería, peluquería, doblaje, comparsería, figuración… y cualquier otra análoga a las anteriores), bien sea en público o mediante cualquier clase de grabación o retransmisión.

En este momento, el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, ha introducido un nuevo artículo al TRLGSS, el 249 quarter, en el que detalla qué actividades pueden considerarse propias de la creación artística: aquellas que sean dramáticas, de doblaje, coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figuración, de especialistas, de dirección artística, de cine, de orquesta, de adaptación musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audiovisual, artista de circo, artista de marionetas, magia, guionistas, y, en todo caso, la desarrollada por cualquier persona cuya actividad sea reconocida como artista intérprete o ejecutante. Además, se incluye expresamente a quienes ejercen una actividad artística por cuenta propia, entre los trabajadores por cuenta propia o autónomos del Art.305 TRLGSS.

Con efectos del 1 de enero de 1987 y de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 26/1985, de 31 de julio, se publica el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, que permite la integración de los artistas en el Régimen General, aunque respectando determinadas particularidades del antiguo régimen especial que se mantienen hasta hoy.

¿Qué particularidades se mantienen hoy del antiguo régimen especial de Artistas?

Las cotizaciones mensuales se consideran provisionales respecto de las contingencias comunes y el desempleo. Esto hace que, al final del ejercicio económico, la Tesorería General de la Seguridad Social deba efectuar la liquidación definitiva.

En materia prestacional, la base de cotización de la incapacidad temporal por contingencias comunes se construye promediando las bases de cotización de los doce meses anteriores al hecho causante, a diferencia del mes anterior tomado para los trabajadores del régimen general.

Pero sin duda, lo más interesante es la posibilidad de beneficiarse de la jubilación anticipada. Los cantantes, bailarines y trapecistas pueden jubilarse a los 60 años sin coeficiente reductor, siempre que, además de hallarse en alta o situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante, hayan trabajado en la especialidad concreta de que se trate 8 años dentro de los 21 anteriores a la jubilación.

El resto de los profesionales pueden jubilarse a partir de los 60 años, pero con el coeficiente reductor del 8% por cada año que le reste por llegar a la edad ordinaria de jubilación.

¿Aún te quedan dudas sobre el nuevo sistema de cotización RETA? Este es tu post.

Como ya hemos referido en entradas anteriores, el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos entra en vigor el 1 de enero de 2023, aunque su despliegue definitivo se producirá en un periodo de tiempo más amplio.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha un simulador informativo para calcular la cuota. También han incluido una guía informativa y un vídeo tutorial. Inicio (seg-social.gob.es)

No obstante, aquí te dejo una recopilación de las preguntas que, a mi juicio, pueden resultarte de utilidad en este momento:

Si ya estoy de alta en RETA el 31-12-2022 ¿Qué tengo que hacer?

Debes comunicar tus rendimientos previstos para 2023 antes del 31 de octubre a través del servicio “Modificación de datos de trabajo autónomo” que puedes encontrar en Import@ss, debiendo elegir una base de cotización provisional en función de estos ingresos. Inicio (seg-social.gob.es)

• La base de diciembre de 2022 es superior a la base provisional que te correspondería en 2023: Si a 31 de diciembre de 2022 vienes cotizando por una base superior a la que te corresponde por tus rendimientos en 2023, puedes mantener esta base y renunciar a la devolución de cuotas tras la regularización, adquiriendo esta base provisional el carácter de definitiva, aunque sea superior a tus ingresos reales.
• No elijo base provisional en 2023: Si decides no elegir una base de cotización, cotizarás sobre una base proporcional a la que tenías en diciembre de 2022, considerándose provisional a efectos del procedimiento de regularización de cuotas. Aunque te recuerdo que debes declarar tus rendimientos antes del 31 de octubre de 2023, independientemente de que conlleve o no un cambio de base.
• En 2022 he cotizado por la base mínima establecida pero mis ingresos son inferiores al SMI: Si prevés que en 2023 tus ingresos van a ser inferiores al SMI, podrás elegir una base de la tabla reducida (del 1 de enero al 28 de febrero), que tendrá efectos el 1 de marzo, aunque sea inferior a la base mínima por la que venias cotizando en diciembre de 2022.

¿Y si me doy de alta como RETA a partir del 1 de enero de 2023?

En caso de un alta nueva, debes elegir una base de cotización provisional en función de tus rendimientos previstos.

¿Qué ocurre si mis ingresos varían durante el año?

Tienes la posibilidad de seleccionar una nueva base de cotización cada dos meses (generando una nueva cuota a abonar), hasta un máximo de seis veces. Puedes elegir un tramo superior o inferior al inicialmente señalado. La modificación será efectiva dependiendo de la fecha en la que comuniques tus ingresos:

¿Cuál será realmente mi base de cotización?

Debes realizar una previsión del promedio mensual de tus ingresos netos anuales y, en función de esta, elegir una base comprendida entre la mínima y la máxima del tramo correspondiente a esta previsión.

Si la base prevista resulta inferior a la base mínima del tramo 1 de la tabla general, debes elegir la base entre los tramos establecidos para la tabla reducida.